Estoy convencido que sabía lo que estaba pasando en la agencia recaudadora con las falsas compensaciones de impuestos, porque conoce como nadie el funcionamiento del Ministerio de Economía y de la ATER. Si lo sabía es cómplice, si no lo sabía es incapaz. En cualquier caso tiene que renunciar para que lo investiguen, por lo menos por no haber cumplido con su deber de controlar.
La ley 10091 de creación de la ATER, sancionada hace más de dos años y medio, le otorgó todas las atribuciones para controlar el funcionamiento de la administradora tributaria.
En febrero a la revista X-Más el funcionario provincial dijo: “Yo acá tengo los datos de la ATER (señalando la computadora), y en éste pen drive los datos de la AFIP con los 161.000 contribuyentes de la provincia… tengo información de todos los entrerrianos… tenemos acceso a las cuentes corrientes bancarias. De cualquier contribuyente podemos mirar sus movimientos y si se correlaciona con su declaración fiscal”. Teniendo en cuenta la responsabilidad que le exige la ley, y la arrogancia con que se jacta de tener toda la información tributaria provincial, ¿cómo puede ser que las compensaciones fraudulentas por millones de pesos se realizaran sin su conocimiento?
El kirchnerismo se termina, y como le sucede a todo final de ciclo su ocaso se hace visible –entre otras cosas- cuando comienzan las peleas entre los funcionarios que buscan evitar ser arrastrados en la caída. En el caso de los gobiernos de matriz corrupta, como éste, muchos de sus funcionarios intentan garantizar que no irán presos por corrupción cuando ya no gocen de la impunidad que les ha brindado el poder del Estado. Esto es lo que está pasando con Boudou y con el escandaloso robo que se perpetró en ATER,
