Larroque. El Intendente Riganti perdió un juicio contra la UCR

El concejal de la UCR de Larroque Francisco Benedetti y la Presidente del Comité UCR, Silvia González, fueron absueltos de culpa y cargo en el juicio que les realizó el intendente Raúl Riganti por calumnias e injurias. La querella fue desestimada por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú a cargo de la jueza Alicia Vivian mediante un fallo dictado el día de hoy.

El Intendente de Larroque, Raúl Riganti (FpV), y el secretario de Gobierno, Leonardo Hassell, iniciaron un juicio por calumnias e injurias a González y Benedetti en septiembre de 2013 por declaraciones que realizaron a distintos medios periodísticos. Dichas declaraciones estuvieron relacionadas a la denuncia contra Riganti que efectuaron en la Fiscalía de Gualeguaychú sobre posibles negociados con terrenos en el área industrial, causa que está en trámite.-

Los dirigentes radicales celebraron la resolución judicial “que ha sido muy esperada por la importancia que tiene la libertad de expresión de dirigentes, periodistas y ciudadanos, en medios de comunicación, sobre todo cuando están vinculadas a la conducta de funcionarios públicos. La Justicia entrerriana ha fallado acorde a precedentes de la Corte Suprema dándole un fuerte espaldarazo a la libertad de expresión”, sostuvieron.

Mientras tanto sigue el proceso judicial por la denuncia penal que González y Benedetti presentaron el 2 de septiembre de 2013 ante la Fiscalía Nº 1 de Gualeguaychú contra el intendente y el secretario de Gobierno de Larroque por Negociaciones Incompatibles con el ejercicio de la función pública.

La UCR de Larroque denunció penalmente a Riganti porque firmó un convenio con un particular por el que le permitió comprar, con el objetivo de subdividir para viviendas, un lote afectado al área industrial. El municipio autorizó por ordenanza a subdividir en lotes de 200 m2 un terreno que hasta entonces podía dividirse en lotes no menores a 10.000 m2. Este acuerdo permaneció en secreto hasta que ese privado firmó la escritura respectiva, lo que le permitió pagar a bajos valores una fracción de 22.000 m2 para uso industrial. La modificación de la ordenanza que propuso el intendente permitía al nuevo propietario lotear terrenos de superficie 50 veces menor que lo establecido, y a su vez lo autorizaba a construir viviendas. Luego de presentada la denuncia, el intendente vetó la ordenanza, que él mismo había enviado a los concejales, pero el radicalismo siguió adelante con el proceso.

Se termina la etapa kirchnerista en Entre Ríos.

La única verdad es la realidad y la verdad entrerriana está saliendo a la luz tanto a nivel provincial como nacional.

La sospechosa quiebra de la fábrica que iba a exportar cosechadoras y que recibió préstamos por una suma cercana a los 6 millones de pesos por parte del Estado entrerriano es una muestra más de un relato ficticio y mentiroso que cada día queda más al descubierto.

La noticia de la quiebra de Grandes Máquinas Concepción del Uruguay S. A. tuvo repercusión en los principales medios de prensa nacionales, que recordaron el anuncio del gobierno de que se iban a vender seis cosechadoras a Angola e inclusive reprodujeron la foto de la presidenta y Urribarri en un prototipo de fantasía, frente a Casa de Gobierno.

Al igual que a nivel nacional, está llegando el fin de la etapa kirchnerista en Entre Ríos. Luego de años de imponer un relato mentiroso, emerge la verdad irrefutable. Si bien hubo algunos aciertos, los fracasos han sido muchos y siempre se empeñaron en ocultarlos.

Por su obsecuencia con la Presidenta ha conseguido algunas obras importantes, pero hay que recordar la paralización de muchas obras anunciadas, como la pavimentación de la ruta 51, la reconstrucción del Puerto de Ibicuy, el hospital de Paraná o el mega estadio de esa ciudad.

Otras están destruidas a pesar de que se terminaron hace poco. Como la ruta 16, que une Gualeguaychú con Gualeguay.

La obra se finalizó en el año 2010 y costó 78 millones de pesos (según el presupuesto oficial). Hoy se encuentra en malísimas condiciones. O se trata de un pésimo trabajo que no fue no controlado por el Gobierno, o debemos sospechar que hubo corrupción.

Estos dos ejemplos se unen a las denuncias que sistemáticamente venimos realizando sobre la mala administración del gobierno entrerrriano. Un gobierno que ha aplicado brutales aumentos de impuestos, que día a día endeuda la provincia, que tiene serios problemas en la prestación de los servicios de seguridad, de educación y de salud, a pesar del esfuerzo que hacen los trabajadores del Estado.

FOTOS: Imágenes tomadas en la Ruta 16

Aumenta la recaudación, el endeudamieto y se deprecian los salarios

La Provincia aumentó su recaudación impositiva el mes pasado, casi un 58%. La noticia, que en otro momento hubiese sido anunciada con bombos y platillos, prácticamente pasó desapercibida.

Es que el gobierno provincial no puede explicar por qué, luego del impuestazo que afectó a todos los entrerrianos y que produjo semejante incremento de la recaudación, ofrece un magro 26% de aumento, salarial en cuotas, a los trabajadores estatales. Peor aún teniendo en cuenta que según las previsiones, este año la inflación seguramente será mayor al 35%.

Reformas y acuerdos

El 12 de diciembre, los entrerrianos nos enteramos que, tras un acuerdo entre Urribarri y los gremios estatales, se impulsaba en la Legislatura una reforma impositiva en la provincia con el objetivo de mejorar salarios.

En el presupuesto aprobado por la legislatura provincial para el 2014 el Ejecutivo provincial proyectó un aumento interanual de la recaudación provincial del 20,6%, pero al controlar los números de la recaudación de febrero, que el mismo gobierno publicó, nos encontramos con la asombrosa noticia que la recaudación de ese mes aumentó el 57,37%, respecto al mismo período del año pasado. Ese aumento de la recaudación impositiva no es otra cosa que el resultado de esa reforma impositiva consensuada con una cúpula gremial obsecuente, más el descontrolado proceso inflacionario que ha provocado un gobierno que –por suerte- ha entrado en su última etapa.

Más endeudamiento para la provincia e impuestazo para todos

Si, por ejemplo, analizamos la variación interanual del impuesto a los ingresos brutos, que pagan hasta los quiosqueros, respecto al año 2013 observamos que en el período enero-febrero de ese año la recaudación fue de 289 millones, pero en ese mismo período del corriente año recaudaron 469 millones, un 62% más.

Hemos dicho repetidas veces que lo que hizo Urribarri no fue otra cosa que aplicar un impuestazo feroz que está asfixiando a todos los entrerrianos, sobre todo a los que menos tienen. Inclusive, a los trabajadores estatales a quienes supuestamente se pretendió beneficiar. Y no conforme con eso ha colocado este miércoles nueva deuda en letras por cerca de 153 millones de pesos.

La síntesis de la crónica de una pesadilla anunciada:

Primero el gobierno nacional se apropió de recursos genuinos de las provincias y los municipios, y algunos gobernadores -como el nuestro- no los reclamaron. Después negaron con obcecación una inflación que provocaron, y que carcomió y carcome los salarios de trabajadores y jubilados. Luego, producto de su mala praxis económica, el kirchnerismo se quedó sin recursos para seguir ayudando a los gobernadores, incluso a los más obsecuentes -como el nuestro- Entonces, ¿qué hicieron esos gobernadores? El nuestro, por un lado, está endeudando la provincia mes a mes, y como tampoco le alcanza aplicó el método más rápido, más fácil y a la vez el más cruel para los entrerrianos: un impuestazo sin precedentes, apañado en la mentira de que el aumento de recaudación sería destinado a mejorar los salarios de los trabajadores.

A todas luces el gobierno planeó una estafa, y el negocio le está dando resultados con creces. Tenemos derecho a seguir pensando que a la diferencia a favor debe estar planeando utilizarla para financiar su nuevo sueño imposible: ser presidente de la nación.

Urribarri somete a un "brutal ajuste económico” a los trabajadores para “pagar su aventura” presidencial.

De haber sido honesto, Urribarri nos habría dicho que para lograr su sueño entrerriano, aparte de votos, necesitaba que le hiciéramos un enorme aporte de dinero, y que para eso nos iba a someter a todos, especialmente a los asalariados, a un brutal ajuste económico.
Con total desparpajo, Urribarri por un lado pide competitividad a las actividades productivas; dice que se va a poner al frente de los precios cuidados -que no se consiguen en ningún pueblo entrerriano- y no comprende por qué los docentes no aceptan el escaso 26,2 % de aumento en dos cuotas, que les propone. Pero como si esto no le alcanzara, aplica subas de impuestos brutales en todos los órdenes, con la excusa de una falsa reforma impositiva progresista, apoyado por algunos burócratas sindicales.
El gobierno provincial ya había incrementado en 2012 el Impuesto Inmobiliario Rural hasta un 500%, y ahora castigó a todos los entrerrianos con una reforma tributaria, que otra vez aumenta los impuestos rurales, pero también los inmobiliarios urbanos, los automotores, las actividades productivas, los servicios públicos y el acceso a la justicia.

Esta medida, igual que los inauditos aumentos del impuesto inmobiliario urbano o el incremento a las patentes entre el 40 y el 256%, perjudican a todos los entrerrianos.
¿Creerá que el propietario de una camionetita Saveiro año 1996, utilizada para trabajar, es un poderoso o un terrateniente? Porque sólo así -según el argumento del impuestazo- se justificaría el aumento del 191% de la patente.

Urribarri debe explicar por qué asegura que no está en condiciones de dar el aumento que se merecen los trabajadores estatales, a pesar de que se aumentó la coparticipación en enero y febrero un 42%, de que la inflación de los últimos 14 meses supera el 40%, y de que se aumentaron de manera brutal los impuestos provinciales.
¿Estará buscando financiamiento para su aventura de ser candidato a presidente por el kirchnerismo? De otra manera no se entiende el ajuste salvaje al que está sometiendo a todos los entrerrianos.

Es urgente abordar el problema de la droga y el narcotráfico

Asistimos al ocaso de un ciclo político que tuvo logros importantes, todos en su primera época, pero –lamentablemente- son sus desaciertos los que van a dejar huellas profundas en esta Argentina de principios de siglo.

Podríamos abordar innumerables errores de la mal denominada “década ganada” y ejemplificarlos con pocas palabras. Sus decisiones políticas desacertadas -muchas tomadas con soberbia e incluso algunas con desidia- son muy sencillas de definir, porque están a la vista.

Podríamos hablar de la pésima gestión económica de los últimos tiempos, del crecimiento exponencial del gasto público, de la patética política agropecuaria, del atraso del país (comparado con todos los vecinos que han sabido aprovechar la oportunidad económica que hoy tiene la región), de la ineficiencia para resolver los problemas de la inseguridad, de la corrupción estructural, de la deficiente política energética, entre otros problemas que el gobierno de los Kirchner no ha sabido o no ha querido solucionar.

Pero uno de los temas más preocupantes en los que ha estado ausente, e incluso ha colaborado para que se arraigue, es el de la droga y el narcotráfico.

Hoy todos los diarios nos traen alguna noticia vinculada a este triste flagelo. Días pasados, el gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, fue alertado en Washington de la preocupación que existe en los organismos internacionales, como la OEA, el BID y el Banco Mundial, sobre el avance del narcotráfico y el crecimiento de la violencia en las provincias del centro del país, como la suya, Córdoba y Entre Ríos. Los que día a día recorremos la provincia sabemos que, efectivamente, los entrerrianos estamos inmersos en esta problemática. En las grandes ciudades, las bandas se enfrentan violentamente y en nuestros pueblos crece la venta y el consumo de drogas. Como consecuencia, en todas, aumenta la inseguridad.

Creo necesario decir que desde el radicalismo hace mucho tiempo venimos alertando sobre los errores del gobierno en esta materia.

Lamentablemente, más temprano que tarde estamos viviendo las consecuencias de la desdichada “ley de blanqueo”, que el kirchnerismo impulsó como un manotazo desesperado para recaudar algunos dólares, sin importar la procedencia. Cuando se aprobó esa ley, en mayo del 2013, dijimos que corríamos el riesgo de transformarnos en un “narcopaís”. Hoy todos los expertos en la materia reconocen que Argentina se ha convertido en un destino cierto, para jefes narcos de otros países. Y como una muestra más de obcecación, en diciembre el gobierno prorrogó la ley, por tres meses más. Mientras, el kirchnerismo agobia con inflación a los argentinos en general, y con impuestazos a los entrerrianos en particular, seguimos siendo un paraíso fiscal para los jefes narcos de otros países.

Hace tiempo hemos denunciando también el colapso de nuestros controles fronterizos y el deficiente sistema de radarización. Dijimos que el trasladado de gendarmes a la Provincia de Buenos Aires -con fines electoralistas- iba a profundizar el estado de desprotección en el que ya se encuentran nuestras fronteras, y también hemos exigido que el Sedronar salga de su letargo y cumpla su función, que es implementar políticas de prevención del narcotráfico, y atención y rehabilitación de los pacientes adictos.

En síntesis, estamos asistiendo en nuestro país y en nuestra provincia a la consolidación del drama de la droga, producto de la ofensiva del negocio del narcotráfico, pero también de la inacción y la negligencia del gobierno, porque –lamentablemente- este flagelo no forma parte de su agenda de políticas públicas.

Nosotros desde el radicalismo, aparte de alertar y denunciar el problema, hemos presentado el pasado año, un proyecto de ley integral de control al narcotráfico -del que soy cofirmante- y que incluye la posibilidad de derribo de aeronaves de narcotraficantes. Creemos que es un aporte concreto para abordar seriamente el problema, y esperamos que pueda ser debatido pronto, para contrarrestar –en forma urgente- esta actividad criminal.

Los acuerdos políticos meramente electoralistas siempre son una estafa a los ciudadanos.

Jorge Busti ya ha traicionado la voluntad de quienes lo votaron. Nosotros siempre hemos denunciado que todos sus diputados, actuales, se presentaron ante la sociedad como opositores al gobierno y luego se pasaron a las filas del oficialismo.

Ahora, después de usufructuar el conocimiento público de Alfredo De Ángeli, toma distancia y dice que Unión por Entre Ríos no existe más y que el acuerdo con el referente rural se terminó el día después de las elecciones.

Constituir una coalición política, con la vocación de que se transforme en una fuerza alternativa, con reglas de juego claras y transparentes, que exprese un entendimiento de los sectores progresistas, y con el objetivo de transformarse en una real opción de poder, no solo es posible sino que es necesario. La UCR siempre fue un partido frentista y a nivel nacional se está trabajando en la constitución de un acuerdo con otras fuerzas, que se transformará rápidamente en una herramienta en condiciones de conducir los destinos del país. En Entre Ríos vamos a hacer lo mismo. Vamos a unirnos con las fuerzas políticas y sociales que coincidan con el radicalismo en un programa de gobierno para la Entre Ríos post Urribarri.

El radicalismo propuso alternativas para salir de la crisis

Diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) anunciaron  este lunes la presentación -en la Cámara baja provincial- de varias iniciativas tendentes “a proponer una salida a la crisis económica que atraviesa el gobierno, y mejorar los ingresos de los municipios en materia de coparticipación”. Además, recomendaron a los funcionarios gestionar ante la Nación “la restitución del 15 por ciento de coparticipación cedido tras la firma de los Pactos Fiscales”,   y advirtieron que la ley 10.270 dejó afuera a las comunas en el reparto de los excedentes que surgirán de ese tributo.

En una conferencia de prensa que se realizó en la presidencia del bloque de Diputados de la Unión Cívica Radical (UCR), en Casa Gris, el legislador  nacional, Jorge D`Agostino; los diputados  provinciales Agustín Federik, Fuad Amado Sosa y Pedro Ullúa, intendentes de localidades de la provincia gobernadas por el radicalismo, y asesores del cuerpo,  anunciaron la presentación de varias iniciativas en la Cámara baja, tendentes a mejorar los ingresos de los municipios en materia de coparticipación. 

El diputado nacional Jorge D`Agostino, afirmó que el objetivo de la presentación de las leyes es “demostrar la buena voluntad que tiene la UCR, a través de sus legisladores e intendentes, para proponer salidas de distribución equitativas de los tributos, que entendemos que no han sido justos en el planteo de la ley 10.270 aprobada en diciembre pasado”.

A su turno, el titular de la bancada radical, Agustin Federik, se refirió a los proyectos presentados por las situaciones “que se están planteando en las intendencias y que llevan a los presidentes municipales, no sólo radicales sino también de otros partidos políticos, a que la situación sea cada vez más complicada, consecuencia de lo que deben enfrentar en las paritarias salariales y de presupuesto de obras”.

El abogado recordó que la Ley de Leyes aprobada el año pasado por el oficialismo en la Legislatura no preveía aumentos salariales ni tampoco la devaluación que impulsó el gobierno nacional para sostener el atraso cambiario. “Preocupados por la situación económica y financiera de la provincia, consecuencia del panorama descrito y de la abrupta caída de los bonos provinciales dolarizados, lo que se suma al endeudamiento cada vez más preocupante, es que presentamos varias iniciativas referidas  a la coparticipación de los municipios”.

“Resulta que después de esta ley fiscal (10.270) impulsada por el oficialismo en la última sesión de 2013, esos gravámenes que elevan alícuotas y bases imponibles, no son coparticipables a los municipios, lo cual trae aparejado un serio problemas porque también las comunas deben enfrentar las paritarias salariales, y afrontar  la presión tributaria a los vecinos”

Federik se refirió al proyecto de ley que propone la derogación del artículo 23 de la controvertida reforma tributaria y estipula que “los cálculos relativos a la coparticipación a municipios y comunas deberán realizarse desde el 1 de enero de 2014, fecha en que el Poder Ejecutivo tomará como data de inicio para el envío de las remesas diarias”.
Otra iniciativa presentada por el radicalismo propone agregar un artículo a la ley 9140 –de creación de la Comisión Administradora de Fondos Especiales de Salto Grande (Cafesg) para que del 20 por ciento del Fondo Especial del organismo asignado a las comunas, también se coparticipe  a juntas de Gobierno en un porcentaje especifico.

El otro proyecto que impulsará la UCR es la coparticipación a las juntas de Gobierno del Fondo de la Soja (cinco por ciento de lo que percibe Entre Ríos en concepto del fondo federal solidario). “Estos proyectos pretenden que las municipalidades e intendencias de la provincia cuenten con fondos legítimos en este 2014 que se inicia”.

Para Federik, “es la forma de encarar por la positiva este periodo legislativo. La UCR está convencida que en momentos complicados como el que atravesamos, haciendo aportes al gobierno provincial podemos salir adelante y llegar al final de los periodos constitucionales tanto de Entre Ríos como de la nación, en un clima de tranquilidad”.

El reclamo de los intendentes
Jefes comunales de localidades gobernadas por la UCR compartieron la rueda de prensa realizada en el bloque de diputados y reclamaron al gobernador, Sergio Urribarri, y  a sus ministros, que los reciban para atender sus pedidos. En el ámbito estuvieron presentes Marcelo Monfort (Villa Elisa), Felipe Torres (Federal), Cristian Fernández (San Jaime de la Frontera), Jorge Lacoste (Sauce de Luna), Julio Weishcim (Piedras Blancas) y Raúl Guy (Villa Clara).