FRENTE AMPLIO UNEN "Nace una herramienta para ganarle al populismo"

El Frente Amplio-Unen nace para transformarse en una herramienta de poder. Los frentes gobernantes en algunas provincias argentinas, como Santa Fe o Corrientes, y en varios países sudamericanos, como Chile o Uruguay, han demostrado que son un esquema de gobierno equilibrado, amplio, que han sido eficientes gestores de políticas de Estado a mediano y largo plazo.

Hemos aprendido de errores del pasado, y sobre todo estamos convencidos que hay que dar vuelta la página y ponerle fin a la etapa del peronismo populista, que le da lo mismo gobernar con la receta más liberal, como en los 90, o la más estatista-populista de la última década.

El kirchnerismo es un gobierno en retirada, que ha percibido que está a las puertas del fin de su ciclo porque le están estallando en la cara las consecuencias de sus malas políticas, de la negación permanente de la realidad y los escandalosos hechos de corrupción que día a día salen a la luz.

El Frente Amplio-Unen (UCR, FAP, Coalición Cívica, Proyecto Sur y Frente Cívico Cordobés) será en 2015 la fuerza encargada de romper con la lógica cortoplacista de los últimos 20 años que nos llevó del neoliberalismo al populismo de la mano del mismo partido. 

Es hora de un gobierno que trabaje por un país más federal, que sea capaz de atraer inversiones, basado en sólidos principios éticos y de justicia.

Corrupción kirchnerista: Que en Entre Ríos, la corrupción no nos parezca normal

En los últimos años, los argentinos nos hemos ido acostumbrando a recibir noticias sobre hechos de corrupción.

La difusión de casos de cohecho, negociados, sobreprecios en contrataciones del gobierno kirchnerista, en el país, en las provincias y en los municipios, se repiten a diario.

Abundan los personajes desconocidos que de la noche a la mañana pasan a ostentar una súbita riqueza a pesar de que la única ocupación que pueden mostrar es la función pública.

La Argentina se fundó y se desarrolló en base a otros valores. La honestidad, el esfuerzo, la dedicación y el trabajo han sido los pilares de una Nación que nos ha enorgullecido.

Por eso, no podemos permitir que lo que antes nos indignaba y escandalizaba pase a estar dentro de los límites de nuestra tolerancia.

 Instituciones

Debemos preservar y consolidar las instituciones que velan por el cumplimiento de la ley. La Justicia y los organismos de control deben ser ámbitos sagrados de la República, lejos de las especulaciones político-partidarias o de las influencias de los gobiernos de turno.

A nivel nacional todos los días tenemos un nuevo ejemplo que confirma que la corrupción ha sido para este gobierno una cuestión de Estado, un fin por el cual por una parte financia su proyecto populista y por otro asegura enriquecimientos ilícitos de testaferros y funcionarios.

El caso emblemático de Ricardo Jaime y su obsceno enriquecimiento desde los negociados en la Secretaría de Transporte, y el más importante por su investidura: el del vicepresidente Boudou y a través de la empresa Ciccone, por citar sólo algunos ejemplos, son muestras acabadas de cómo en todos estos años la corrupción se ha ensañado con nuestro país.

Por suerte este gobierno se termina y será necesario que el próximo, a partir del 2015, pueda juzgar y castigar a quienes han lucrado con el Estado. 

En la provincia 

En nuestros municipios entrerrianos nuestros concejales denuncian periódicamente hechos sospechados de corrupción, como ocurrió en el último tiempo en Santa Elena y Larroque a través de intentos de ventas de terrenos municipales.

Y a nivel provincial  la propuesta del gobernador Sergio Urribarri de designar un hombre del oficialismo y de su estrecha confianza en el Tribunal de Cuentas de la provincia es otro hecho de enorme irregularidad y por lo menos genera muchas sospechas.

A pesar de que la Constitución entrerriana establece que el nombramiento en ese importante órgano de control de las cuentas públicas se debe hacer “previo concurso público”, en base a una terna y ante un jurado compuesto por sectores académicos y de la sociedad civil, Urribarri prefirió nominar a un amigo suyo, actual ministro de Trabajo, argumentando que ese artículo de la Constitución no está reglamentado.

Es decir, el gobierno que entrega 6 millones de pesos a fábricas de cosechadoras que no existen será controlado por uno de los suyos, al igual que a los hechos de corrupción de sus intendentes amigos.

El pliego del nombramiento de Smaldone tomó estado parlamentario en el Senado, donde todas las bancas están ocupadas por el oficialismo así que la aprobación está asegurada.

No podemos permitir que nos gane la corrupción y que lo que debiera ser una excepción, un hecho aislado y poco frecuente no sea un modo de vida ni una forma de gobernar o hacer política.

(*) Ex diputado nacional y dirigente de la Unión Cívica Radical

Larroque. El Intendente Riganti perdió un juicio contra la UCR

El concejal de la UCR de Larroque Francisco Benedetti y la Presidente del Comité UCR, Silvia González, fueron absueltos de culpa y cargo en el juicio que les realizó el intendente Raúl Riganti por calumnias e injurias. La querella fue desestimada por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú a cargo de la jueza Alicia Vivian mediante un fallo dictado el día de hoy.

El Intendente de Larroque, Raúl Riganti (FpV), y el secretario de Gobierno, Leonardo Hassell, iniciaron un juicio por calumnias e injurias a González y Benedetti en septiembre de 2013 por declaraciones que realizaron a distintos medios periodísticos. Dichas declaraciones estuvieron relacionadas a la denuncia contra Riganti que efectuaron en la Fiscalía de Gualeguaychú sobre posibles negociados con terrenos en el área industrial, causa que está en trámite.-

Los dirigentes radicales celebraron la resolución judicial “que ha sido muy esperada por la importancia que tiene la libertad de expresión de dirigentes, periodistas y ciudadanos, en medios de comunicación, sobre todo cuando están vinculadas a la conducta de funcionarios públicos. La Justicia entrerriana ha fallado acorde a precedentes de la Corte Suprema dándole un fuerte espaldarazo a la libertad de expresión”, sostuvieron.

Mientras tanto sigue el proceso judicial por la denuncia penal que González y Benedetti presentaron el 2 de septiembre de 2013 ante la Fiscalía Nº 1 de Gualeguaychú contra el intendente y el secretario de Gobierno de Larroque por Negociaciones Incompatibles con el ejercicio de la función pública.

La UCR de Larroque denunció penalmente a Riganti porque firmó un convenio con un particular por el que le permitió comprar, con el objetivo de subdividir para viviendas, un lote afectado al área industrial. El municipio autorizó por ordenanza a subdividir en lotes de 200 m2 un terreno que hasta entonces podía dividirse en lotes no menores a 10.000 m2. Este acuerdo permaneció en secreto hasta que ese privado firmó la escritura respectiva, lo que le permitió pagar a bajos valores una fracción de 22.000 m2 para uso industrial. La modificación de la ordenanza que propuso el intendente permitía al nuevo propietario lotear terrenos de superficie 50 veces menor que lo establecido, y a su vez lo autorizaba a construir viviendas. Luego de presentada la denuncia, el intendente vetó la ordenanza, que él mismo había enviado a los concejales, pero el radicalismo siguió adelante con el proceso.

Se termina la etapa kirchnerista en Entre Ríos.

La única verdad es la realidad y la verdad entrerriana está saliendo a la luz tanto a nivel provincial como nacional.

La sospechosa quiebra de la fábrica que iba a exportar cosechadoras y que recibió préstamos por una suma cercana a los 6 millones de pesos por parte del Estado entrerriano es una muestra más de un relato ficticio y mentiroso que cada día queda más al descubierto.

La noticia de la quiebra de Grandes Máquinas Concepción del Uruguay S. A. tuvo repercusión en los principales medios de prensa nacionales, que recordaron el anuncio del gobierno de que se iban a vender seis cosechadoras a Angola e inclusive reprodujeron la foto de la presidenta y Urribarri en un prototipo de fantasía, frente a Casa de Gobierno.

Al igual que a nivel nacional, está llegando el fin de la etapa kirchnerista en Entre Ríos. Luego de años de imponer un relato mentiroso, emerge la verdad irrefutable. Si bien hubo algunos aciertos, los fracasos han sido muchos y siempre se empeñaron en ocultarlos.

Por su obsecuencia con la Presidenta ha conseguido algunas obras importantes, pero hay que recordar la paralización de muchas obras anunciadas, como la pavimentación de la ruta 51, la reconstrucción del Puerto de Ibicuy, el hospital de Paraná o el mega estadio de esa ciudad.

Otras están destruidas a pesar de que se terminaron hace poco. Como la ruta 16, que une Gualeguaychú con Gualeguay.

La obra se finalizó en el año 2010 y costó 78 millones de pesos (según el presupuesto oficial). Hoy se encuentra en malísimas condiciones. O se trata de un pésimo trabajo que no fue no controlado por el Gobierno, o debemos sospechar que hubo corrupción.

Estos dos ejemplos se unen a las denuncias que sistemáticamente venimos realizando sobre la mala administración del gobierno entrerrriano. Un gobierno que ha aplicado brutales aumentos de impuestos, que día a día endeuda la provincia, que tiene serios problemas en la prestación de los servicios de seguridad, de educación y de salud, a pesar del esfuerzo que hacen los trabajadores del Estado.

FOTOS: Imágenes tomadas en la Ruta 16

Aumenta la recaudación, el endeudamieto y se deprecian los salarios

La Provincia aumentó su recaudación impositiva el mes pasado, casi un 58%. La noticia, que en otro momento hubiese sido anunciada con bombos y platillos, prácticamente pasó desapercibida.

Es que el gobierno provincial no puede explicar por qué, luego del impuestazo que afectó a todos los entrerrianos y que produjo semejante incremento de la recaudación, ofrece un magro 26% de aumento, salarial en cuotas, a los trabajadores estatales. Peor aún teniendo en cuenta que según las previsiones, este año la inflación seguramente será mayor al 35%.

Reformas y acuerdos

El 12 de diciembre, los entrerrianos nos enteramos que, tras un acuerdo entre Urribarri y los gremios estatales, se impulsaba en la Legislatura una reforma impositiva en la provincia con el objetivo de mejorar salarios.

En el presupuesto aprobado por la legislatura provincial para el 2014 el Ejecutivo provincial proyectó un aumento interanual de la recaudación provincial del 20,6%, pero al controlar los números de la recaudación de febrero, que el mismo gobierno publicó, nos encontramos con la asombrosa noticia que la recaudación de ese mes aumentó el 57,37%, respecto al mismo período del año pasado. Ese aumento de la recaudación impositiva no es otra cosa que el resultado de esa reforma impositiva consensuada con una cúpula gremial obsecuente, más el descontrolado proceso inflacionario que ha provocado un gobierno que –por suerte- ha entrado en su última etapa.

Más endeudamiento para la provincia e impuestazo para todos

Si, por ejemplo, analizamos la variación interanual del impuesto a los ingresos brutos, que pagan hasta los quiosqueros, respecto al año 2013 observamos que en el período enero-febrero de ese año la recaudación fue de 289 millones, pero en ese mismo período del corriente año recaudaron 469 millones, un 62% más.

Hemos dicho repetidas veces que lo que hizo Urribarri no fue otra cosa que aplicar un impuestazo feroz que está asfixiando a todos los entrerrianos, sobre todo a los que menos tienen. Inclusive, a los trabajadores estatales a quienes supuestamente se pretendió beneficiar. Y no conforme con eso ha colocado este miércoles nueva deuda en letras por cerca de 153 millones de pesos.

La síntesis de la crónica de una pesadilla anunciada:

Primero el gobierno nacional se apropió de recursos genuinos de las provincias y los municipios, y algunos gobernadores -como el nuestro- no los reclamaron. Después negaron con obcecación una inflación que provocaron, y que carcomió y carcome los salarios de trabajadores y jubilados. Luego, producto de su mala praxis económica, el kirchnerismo se quedó sin recursos para seguir ayudando a los gobernadores, incluso a los más obsecuentes -como el nuestro- Entonces, ¿qué hicieron esos gobernadores? El nuestro, por un lado, está endeudando la provincia mes a mes, y como tampoco le alcanza aplicó el método más rápido, más fácil y a la vez el más cruel para los entrerrianos: un impuestazo sin precedentes, apañado en la mentira de que el aumento de recaudación sería destinado a mejorar los salarios de los trabajadores.

A todas luces el gobierno planeó una estafa, y el negocio le está dando resultados con creces. Tenemos derecho a seguir pensando que a la diferencia a favor debe estar planeando utilizarla para financiar su nuevo sueño imposible: ser presidente de la nación.

Urribarri somete a un "brutal ajuste económico” a los trabajadores para “pagar su aventura” presidencial.

De haber sido honesto, Urribarri nos habría dicho que para lograr su sueño entrerriano, aparte de votos, necesitaba que le hiciéramos un enorme aporte de dinero, y que para eso nos iba a someter a todos, especialmente a los asalariados, a un brutal ajuste económico.
Con total desparpajo, Urribarri por un lado pide competitividad a las actividades productivas; dice que se va a poner al frente de los precios cuidados -que no se consiguen en ningún pueblo entrerriano- y no comprende por qué los docentes no aceptan el escaso 26,2 % de aumento en dos cuotas, que les propone. Pero como si esto no le alcanzara, aplica subas de impuestos brutales en todos los órdenes, con la excusa de una falsa reforma impositiva progresista, apoyado por algunos burócratas sindicales.
El gobierno provincial ya había incrementado en 2012 el Impuesto Inmobiliario Rural hasta un 500%, y ahora castigó a todos los entrerrianos con una reforma tributaria, que otra vez aumenta los impuestos rurales, pero también los inmobiliarios urbanos, los automotores, las actividades productivas, los servicios públicos y el acceso a la justicia.

Esta medida, igual que los inauditos aumentos del impuesto inmobiliario urbano o el incremento a las patentes entre el 40 y el 256%, perjudican a todos los entrerrianos.
¿Creerá que el propietario de una camionetita Saveiro año 1996, utilizada para trabajar, es un poderoso o un terrateniente? Porque sólo así -según el argumento del impuestazo- se justificaría el aumento del 191% de la patente.

Urribarri debe explicar por qué asegura que no está en condiciones de dar el aumento que se merecen los trabajadores estatales, a pesar de que se aumentó la coparticipación en enero y febrero un 42%, de que la inflación de los últimos 14 meses supera el 40%, y de que se aumentaron de manera brutal los impuestos provinciales.
¿Estará buscando financiamiento para su aventura de ser candidato a presidente por el kirchnerismo? De otra manera no se entiende el ajuste salvaje al que está sometiendo a todos los entrerrianos.

Es urgente abordar el problema de la droga y el narcotráfico

Asistimos al ocaso de un ciclo político que tuvo logros importantes, todos en su primera época, pero –lamentablemente- son sus desaciertos los que van a dejar huellas profundas en esta Argentina de principios de siglo.

Podríamos abordar innumerables errores de la mal denominada “década ganada” y ejemplificarlos con pocas palabras. Sus decisiones políticas desacertadas -muchas tomadas con soberbia e incluso algunas con desidia- son muy sencillas de definir, porque están a la vista.

Podríamos hablar de la pésima gestión económica de los últimos tiempos, del crecimiento exponencial del gasto público, de la patética política agropecuaria, del atraso del país (comparado con todos los vecinos que han sabido aprovechar la oportunidad económica que hoy tiene la región), de la ineficiencia para resolver los problemas de la inseguridad, de la corrupción estructural, de la deficiente política energética, entre otros problemas que el gobierno de los Kirchner no ha sabido o no ha querido solucionar.

Pero uno de los temas más preocupantes en los que ha estado ausente, e incluso ha colaborado para que se arraigue, es el de la droga y el narcotráfico.

Hoy todos los diarios nos traen alguna noticia vinculada a este triste flagelo. Días pasados, el gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, fue alertado en Washington de la preocupación que existe en los organismos internacionales, como la OEA, el BID y el Banco Mundial, sobre el avance del narcotráfico y el crecimiento de la violencia en las provincias del centro del país, como la suya, Córdoba y Entre Ríos. Los que día a día recorremos la provincia sabemos que, efectivamente, los entrerrianos estamos inmersos en esta problemática. En las grandes ciudades, las bandas se enfrentan violentamente y en nuestros pueblos crece la venta y el consumo de drogas. Como consecuencia, en todas, aumenta la inseguridad.

Creo necesario decir que desde el radicalismo hace mucho tiempo venimos alertando sobre los errores del gobierno en esta materia.

Lamentablemente, más temprano que tarde estamos viviendo las consecuencias de la desdichada “ley de blanqueo”, que el kirchnerismo impulsó como un manotazo desesperado para recaudar algunos dólares, sin importar la procedencia. Cuando se aprobó esa ley, en mayo del 2013, dijimos que corríamos el riesgo de transformarnos en un “narcopaís”. Hoy todos los expertos en la materia reconocen que Argentina se ha convertido en un destino cierto, para jefes narcos de otros países. Y como una muestra más de obcecación, en diciembre el gobierno prorrogó la ley, por tres meses más. Mientras, el kirchnerismo agobia con inflación a los argentinos en general, y con impuestazos a los entrerrianos en particular, seguimos siendo un paraíso fiscal para los jefes narcos de otros países.

Hace tiempo hemos denunciando también el colapso de nuestros controles fronterizos y el deficiente sistema de radarización. Dijimos que el trasladado de gendarmes a la Provincia de Buenos Aires -con fines electoralistas- iba a profundizar el estado de desprotección en el que ya se encuentran nuestras fronteras, y también hemos exigido que el Sedronar salga de su letargo y cumpla su función, que es implementar políticas de prevención del narcotráfico, y atención y rehabilitación de los pacientes adictos.

En síntesis, estamos asistiendo en nuestro país y en nuestra provincia a la consolidación del drama de la droga, producto de la ofensiva del negocio del narcotráfico, pero también de la inacción y la negligencia del gobierno, porque –lamentablemente- este flagelo no forma parte de su agenda de políticas públicas.

Nosotros desde el radicalismo, aparte de alertar y denunciar el problema, hemos presentado el pasado año, un proyecto de ley integral de control al narcotráfico -del que soy cofirmante- y que incluye la posibilidad de derribo de aeronaves de narcotraficantes. Creemos que es un aporte concreto para abordar seriamente el problema, y esperamos que pueda ser debatido pronto, para contrarrestar –en forma urgente- esta actividad criminal.