Ahora que el fin de la etapa se visualiza con claridad y la crisis económica se ha esparcido a los sectores asalariados y del trabajo y la producción, la corrupción ha empezado a ser uno de los temas importantes en la agenda de la opinión pública. Muchos de los casos, como seguramente ocurrió con el de ATER, salen a la luz producto de las internas en la que han entrado los propios funcionarios del gobierno, porque ven próximo el final del ciclo.
El escándalo del defalco en la agencia recaudadora de impuestos de la provincia significa una cachetada para los entrerrianos, que sufren las consecuencias de la crisis económica, y de los inexplicables impuestazo que aplicó Urribarri. Como hemos dicho, comparado con el año 2007 el gobierno nacional aumentó la recaudación impositiva un 482%, pero nuestro gobernador -en el mismo período- la aumentó un 622%, un 140% más que los nacionales.
Dijimos que las sucesivas reformas impositivas -sobre todo la última- eran injustas e impagables para una provincia que ya había dejado atrás el veranito económico. Le pedimos al gobernador que en vez de exprimir a los entrerrianos busque el dinero que mes a mes le falta, en los recursos provinciales que son apropiados por el Estado Nacional, y que él no reclama. Ahora comprobamos que otro motivo por el cual la plata no les alcanzaba era porque se la estaban robando.
Estaban claras –pero hoy lo está mucho más- las razones por las que Urribarri no respeta la Constitución en lo concerniente a los organismos de control y porque, entre otras irregularidades, puso por la ventana un hombre de su estrecha confianza a cargo del Tribunal de Cuentas de la provincia, a pesar de que la Constitución establece que el nombramiento se debe hacer “previo concurso público”, en base a una terna y ante un jurado compuesto por sectores académicos y de la sociedad civil.
Será imprescindible que la propuesta de UNEN a nivel país de crear una “Conadep” de la corrupción para investigar los ilícitos del gobierno también se conforme en Entre Ríos en el 2015.
