Hace 31 años, los argentinos iniciamos un camino sin retorno de democracia, justicia y vigencia de las instituciones. Dejamos atrás la seguidilla de golpes de Estado que imponía a su antojo el poder económico y militar.
El país le confió a la Unión Cívica Radical la tarea de liderar el proceso de consolidación democrática. Por amplia mayoría, por el 51% de los votos, los ciudadanos entendieron que sólo una fuerza fundada en los más sagrados valores republicanos podía encarar ese desafío. Y el radicalismo cumplió con ese mandato.
Hoy, las demandas son otras.
La Constitución está en riesgo no por las armas y los uniformes sino por la ambición desmedida, por la corrupción, la impunidad, por el atropello constante a la Justicia.
El hambre, la desocupación y la marginalidad siguen creciendo a causa de políticas erráticas e interesadas aplicadas por un gobierno populista que reivindica logros inexistentes basados en su propio relato.
La inseguridad reina en las calles y en los hogares; la amenaza constante de la droga, el alcoholismo y otras adicciones acechan a nuestros jóvenes; la inflación no tiene techo y se devora de a poco los salarios y jubilaciones.
Quienes trabajan y producen se ven perseguidos por un Estado que los tiene por enemigos y les confisca sus escasas ganancias a través de impuestos y retenciones desmedidos.
Mientras tanto, los argentinos asistimos al ocaso de una época y a la lenta agonía de un gobierno al que le cuesta asumir su fin y se desespera por conseguir impunidad.
Como hace 31 años, el país le pide a la Unión Cívica Radical que cumpla con la misión histórica de restaurar nuestras instituciones, reestablecer las leyes, volver a los valores del trabajo y la educación.
Es nuestro deber ofrecer una opción de gobierno confiable y encabezar una propuesta que agrupe a otras fuerzas políticas afines a nuestros principios.
