Los actos de corrupción tienen una consecuencia directa en la vida cotidiana porque significan menos salud pública, menos educación, menos obras de infraestructura.
Se exigió esfuerzos a todos los entrerrianos con la promesa de mejorar salarios que siguen siendo bajos. Se incrementaron los impuestos de las viviendas, de los autos, de los pequeños comercios, pero ahora queda claro que la plata no les alcanzaba porque se la estaban robando.
Si bien fue el titular de ATER, Marcelo Casaretto quien denunció el desfalco en ese organismo provincial, llama la atención que esa práctica deshonesta e ilícita haya sido sostenida durante tanto tiempo sin que fuese detectada por nadie. Es curioso que recién después de más de dos años haya descubierto la estafa. Se debe concluir entonces que los funcionarios y los organismos de control no actuaron con la efectividad requerida o, de lo contrario, fueron cómplices de ese fraude. Está claro que él también está salpicado con este escándalo, lo más prudente sería que renuncie y que la justicia determine su grado de responsabilidad.
Sin gobernador
Entre Ríos es una provincia sin gobernador. Urribarri sigue encaprichado en la aventura sin destino que es su candidatura a presidente, y ha desertado de la conducción del gobierno provincial.
La provincia está envuelta en problemas de inseguridad, la educación es cada vez más deficitaria, la obra pública está paralizada, los productores -especialmente los avícolas- están atravesando por graves problemas, la deuda del Estado crece mes a mes, y ahora comienzan a hacerse públicos escandalosos casos de corrupción. No puede seguir desaparecido.
Si algo ha caracterizado a los últimos gobiernos peronistas ha sido la corrupción estructural, por eso será necesario instaurar en Entre Ríos una versión de la Conadep contra la corrupción para 2015 como propone el Frente Amplio Unen.
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