Asistimos al ocaso de un ciclo político que tuvo logros importantes, todos en su primera época, pero –lamentablemente- son sus desaciertos los que van a dejar huellas profundas en esta Argentina de principios de siglo.
Podríamos abordar innumerables errores de la mal denominada “década ganada” y ejemplificarlos con pocas palabras. Sus decisiones políticas desacertadas -muchas tomadas con soberbia e incluso algunas con desidia- son muy sencillas de definir, porque están a la vista.
Podríamos hablar de la pésima gestión económica de los últimos tiempos, del crecimiento exponencial del gasto público, de la patética política agropecuaria, del atraso del país (comparado con todos los vecinos que han sabido aprovechar la oportunidad económica que hoy tiene la región), de la ineficiencia para resolver los problemas de la inseguridad, de la corrupción estructural, de la deficiente política energética, entre otros problemas que el gobierno de los Kirchner no ha sabido o no ha querido solucionar.
Pero uno de los temas más preocupantes en los que ha estado ausente, e incluso ha colaborado para que se arraigue, es el de la droga y el narcotráfico.
Hoy todos los diarios nos traen alguna noticia vinculada a este triste flagelo. Días pasados, el gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, fue alertado en Washington de la preocupación que existe en los organismos internacionales, como la OEA, el BID y el Banco Mundial, sobre el avance del narcotráfico y el crecimiento de la violencia en las provincias del centro del país, como la suya, Córdoba y Entre Ríos. Los que día a día recorremos la provincia sabemos que, efectivamente, los entrerrianos estamos inmersos en esta problemática. En las grandes ciudades, las bandas se enfrentan violentamente y en nuestros pueblos crece la venta y el consumo de drogas. Como consecuencia, en todas, aumenta la inseguridad.
Creo necesario decir que desde el radicalismo hace mucho tiempo venimos alertando sobre los errores del gobierno en esta materia.
Lamentablemente, más temprano que tarde estamos viviendo las consecuencias de la desdichada “ley de blanqueo”, que el kirchnerismo impulsó como un manotazo desesperado para recaudar algunos dólares, sin importar la procedencia. Cuando se aprobó esa ley, en mayo del 2013, dijimos que corríamos el riesgo de transformarnos en un “narcopaís”. Hoy todos los expertos en la materia reconocen que Argentina se ha convertido en un destino cierto, para jefes narcos de otros países. Y como una muestra más de obcecación, en diciembre el gobierno prorrogó la ley, por tres meses más. Mientras, el kirchnerismo agobia con inflación a los argentinos en general, y con impuestazos a los entrerrianos en particular, seguimos siendo un paraíso fiscal para los jefes narcos de otros países.
Hace tiempo hemos denunciando también el colapso de nuestros controles fronterizos y el deficiente sistema de radarización. Dijimos que el trasladado de gendarmes a la Provincia de Buenos Aires -con fines electoralistas- iba a profundizar el estado de desprotección en el que ya se encuentran nuestras fronteras, y también hemos exigido que el Sedronar salga de su letargo y cumpla su función, que es implementar políticas de prevención del narcotráfico, y atención y rehabilitación de los pacientes adictos.
En síntesis, estamos asistiendo en nuestro país y en nuestra provincia a la consolidación del drama de la droga, producto de la ofensiva del negocio del narcotráfico, pero también de la inacción y la negligencia del gobierno, porque –lamentablemente- este flagelo no forma parte de su agenda de políticas públicas.
Nosotros desde el radicalismo, aparte de alertar y denunciar el problema, hemos presentado el pasado año, un proyecto de ley integral de control al narcotráfico -del que soy cofirmante- y que incluye la posibilidad de derribo de aeronaves de narcotraficantes. Creemos que es un aporte concreto para abordar seriamente el problema, y esperamos que pueda ser debatido pronto, para contrarrestar –en forma urgente- esta actividad criminal.
